El Tribunal de Distrito Federal de Brasilia ha dado una noticia favorable a Saipem al anular la orden de la Controladoria-Geral da União (CGU), que prohibía a Saipem SA y su filial Saipem do Brasil contratar con la administración pública brasileña. Esta prohibición, que fue impuesta por un período de dos años debido a presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato en 2011, ha sido revertida tras la apelación de ambas empresas.
Saipem logra importante avance en su batalla legal
La decisión judicial significa un respiro para las operaciones de la compañía en Brasil, ya que la sanción afectaba solo a futuros contratos con entidades públicas y no a los proyectos en curso. La empresa ya había adoptado medidas importantes en sus modelos de cumplimiento normativo, lo que fue reconocido durante el proceso. Sin embargo, esta anulación no pone fin a la batalla legal, ya que, según la legislación brasileña, la resolución aún debe pasar por una fase de apelación.
[post_relacionado]La CGU inicialmente impuso la prohibición en diciembre de 2022 tras alegar que Saipem estaba involucrada en irregularidades en la adjudicación de un contrato relacionado con la instalación de un gasoducto por parte del Consorcio BM-S-11 en 2011. Sin embargo, el tribunal de Brasilia consideró que las apelaciones presentadas por la defensa eran suficientemente robustas como para anular la medida.
En el transcurso del procedimiento, tanto Saipem SA como Saipem do Brasil implementaron un modelo de cumplimiento sólido, que fue valorado positivamente. Gracias a esto, se consiguió una reducción de la sanción inicialmente más severa. La apelación ante el tribunal es solo una etapa en la estrategia legal que las compañías seguirán adoptando para proteger sus intereses.
Perspectivas futuras para la compañía en Brasil
A pesar de este revés legal, Saipem sigue manteniendo su compromiso con el mercado brasileño y continuará operando bajo las normativas locales e internacionales. La anulación de esta prohibición es un paso positivo, pero el proceso judicial está lejos de haber finalizado, lo que obliga a la empresa a mantenerse alerta durante las siguientes etapas legales.
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Fuente: Saipem
Foto: shutterstock