Por: Ariana Méndez Lugo – INSPENET, 15 de diciembre 2021
El actual gobierno peruano ha argumentado su intención de intervenir el mayor yacimiento de gas en América sobre la base de la necesidad del estado, de obtener mayores dividendos a ser invertidos en salud, educación y agricultura.
[post_relacionado]Tras 20 años de su descubrimiento, el yacimiento de gas de Camisea es explotado desde inicios de los años 2000 por la transnacional Pluspetrol. Esta área es una de las primeras en América y está ubicada en el departamento de Cuzco, en el bajo Urubamba y es parte del distrito de Megantoni, de la provincia de La Convención.
Vale decir que el contrato con la transnacional Pluspetrol ha sido criticado por políticos y colectivos, que consideran que esto supone un perjuicio a los intereses del estado peruano pero para comprender esta dinámica, es preciso mencionar que en 1999, la nación andina decretó de interés nacional, desarrollar el Proyecto Camisea y llamó a licitación que se llevó a cabo en 1999 al término del segundo mandato de Fujimori.
A esta licitación de carácter mundial, sólo fueron anunciadas dos propuestas, una de la estatal francesa ELF y la otra de un consorcio encabezado por una petrolera argentina, Pluspetrol con participación de Hunt Oil (EEUU) SK Corporation (Corea del Sur) y Tecpetrol del Perú, siendo esta última propuesta a la que otorgaron licencia, ya que presentó la oferta más alta de regalías.
Hoy por hoy, el presidente de Perú, Pedro Castillo, aseveró la intención de su gobierno, de intervenir en el proyecto Camisea, puesto que considera que es tiempo del crecimiento cónsono con el desarrollo del país. Dicha afirmación del primer mandatario peruano, sale a la luz una vez que el ministro de Economía abortara la idea de adelantar expropiaciones en el sector gasífero e hidroeléctrico.