El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) acaba de publicar un informe que pone en jaque la viabilidad financiera del proyecto Trans Mountain Expansion (TMX), exponiendo su peso sobre las cuentas públicas de Canadá.
A través de un análisis exhaustivo, la entidad reveló que el costo total para el gobierno federal asciende a más de 40.000 millones de dólares, mucho más de lo que se había reconocido oficialmente.
El costo de la expansión del oleoducto Trans Mountain
[post_relacionado]El gobierno canadiense adquirió el proyecto TMX en 2018, luego de que Kinder Morgan decidiera abandonarlo por los riesgos financieros y regulatorios. Desde entonces, los costos de construcción se dispararon un 584% respecto al presupuesto original, llegando a cifras que superan los 35.600 millones de dólares en financiamiento directo.
A eso se suman garantías y subsidios indirectos que colocan el esfuerzo público por encima de los 40.000 millones.
Así mismo, el IEEFA advierte que cerca del 70% de esa inversión no podrá ser recuperada mediante los peajes marítimos planificados. La estructura tarifaria enfrenta objeciones por parte de los transportistas, lo que complica la recuperación de los fondos públicos.
Este escenario ha encendido alarmas entre expertos y organismos de control fiscal. En su informe, el IEEFA sugiere que cualquier nuevo proyecto de oleoducto que requiera respaldo estatal debe ser evaluado con rigurosidad presupuestaria. Además, se enfatiza que el mercado asiático muestra señales de debilitamiento en la demanda de petróleo, lo que agrava el riesgo financiero de iniciativas similares.
Por si fuera poco, la creciente tensión comercial entre Canadá y Estados Unidos ha dado pie a propuestas para nuevos oleoductos que conecten con refinerías del centro y este del país. Sin embargo, el precedente del TMX plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de seguir apostando recursos públicos a este tipo de infraestructura energética.
El impacto sobre los contribuyentes canadienses podría ser considerable. Más de 25.000 millones de dólares ya no serían recuperables y el resto pende de un hilo ante los problemas con la fijación de tarifas. El informe del IEEFA concluye que este caso debe tomarse como una advertencia fiscal contundente.
Fuente: IEEFA
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