En una resolución destacada para la protección de infraestructura y costos públicos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un acuerdo de $101,980,000 con las compañías singapurenses Grace Ocean Private Limited y Synergy Marine Private Limited, dueñas del buque DALI, implicado en el colapso del puente Francis Scott Key.
Este puente, ubicado en el puerto de Baltimore, sufrió daños catastróficos luego de que el buque DALI chocara contra una de sus columnas de soporte el pasado 26 de marzo, causando el derrumbe del puente y la paralización del tráfico marítimo durante meses.
EE.UU. obtiene fondos para restaurar Baltimore
[post_relacionado]Este acuerdo cubre los costos incurridos por EE.UU. para restaurar el acceso al canal Fort McHenry y limpiar los escombros del accidente, que resultó en la pérdida de seis vidas y bloqueó una arteria esencial para el tránsito comercial y de viajeros en Baltimore. Los fondos obtenidos se destinarán al Tesoro de EE.UU. y a varias agencias federales involucradas en las labores de respuesta y mitigación de la catástrofe.
El fiscal general adjunto, Benjamin C. Mizer, destacó la rapidez de la resolución en una demanda presentada en septiembre, indicando que “gracias al trabajo diligente del equipo legal del Departamento de Justicia, aseguramos esta restitución sin demoras”. La suma acordada también incluye el reembolso de $97,294 destinados a la prevención de contaminación por petróleo, que fue gestionada por la Guardia Costera.
Baltimore avanzan en reconstrucción tras impacto del buque DALI
El incidente fue uno de los mayores desastres recientes en transporte marítimo, y además de los daños materiales y la pérdida de vidas, el canal de Fort McHenry quedó bloqueado por más de 50,000 toneladas de escombros. Aunque el puerto ha reanudado sus actividades, el estado de Maryland mantiene una demanda independiente para cubrir la reconstrucción del puente, que se financiará en parte con los fondos recuperados.
Este acuerdo representa un avance clave para la política de infraestructura y seguridad en el país, garantizando que los costos de incidentes como este no recaigan sobre el contribuyente estadounidense, sino sobre los responsables directos del accidente.
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Fuente: Departamento de Justicia de EE.UU.
Foto: Shutterstock